El páramo de Santurbán y la defensa del territorio

Publicado en Edición 2 | Martes 13, de Noviembre de 2018 | Actualizado el Jueves, 15 de Noviembre de 2018

[FOTO 1]: El páramo de Santurbán y la defensa del territorio
Dra. Consuelo Castillo Páramo Foto

A raíz de los conflictos generados por la delimitación del páramo de Santurbán, vuelven a cobrar vigencia normativas como la Ley 99 de 1993 que incluye la protección especial de zonas de páramo, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos, el manejo sostenible y restauración de ecosistemas. También, que por medio del Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), se formuló en el 2002 el Programa Nacional para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana: Páramos, promoviendo la generación de conocimiento y socialización de información de la ecología, la diversidad biológica y el contexto sociocultural de sus ecosistemas. Además, la Resolución 0839 de 2003, por la cual se establecen los términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos.

Hay legislación ambiental robusta en Colombia, pero se desvía la implementación de la conservación y defensa del territorio, tras las diferentes interpretaciones de la norma, mientras tanto, los páramos colombianos sufren detrimento tras los procesos de transformación y degradación, debido principalmente al cambio de uso del suelo y al desarrollo inadecuado de actividades agropecuarias y mineras.

La Resolución 2090 de 2014 delimita en el páramo de Santurbán la explotación en un 76%, es decir, aproximadamente 98.994 hectáreas, por encima de los 3.100 metros de altura. El Art. 3 de la resolución define tres áreas: a) Zonas de preservación, b) Zona de restauración y c) Zonas de uso sostenible. Sin embargo, en el procedimiento de delimitación del páramo no hubo participación de la ciudadanía, siendo esta, un parámetro vinculante en la regulación de la gestión de estos ecosistemas. Por esta razón, la Corte Constitucional profiere la Sentencia T-361 de 2017, que resuelve que la pérdida ejecutoria del acto administrativo entrará a regir en un año, contados a partir de la notificación. Se genera entonces un espacio de participación pública, en el cual los ciudadanos pueden consultar la información y documentos asociados a la delimitación del páramo, precisando un cronograma de las fases de participación y de la realización de las sesiones de intervención de la comunidad.

Se modificó el Código de Minas por medio de la Ley 1382 de 2010 y se declaró inexequible por parte de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-366 de 2011, que no se pueden llevar a cabo actividades de minería en los ecosistemas de páramo.

Y entre estudios, participación ciudadana, tutelas, demandas, y nuevas regulaciones la defensa, preservación y conservación de los recursos naturales está en el limbo.

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