El verdadero ‘Desafío’ colombiano

Publicado en Revista | Martes 22, de Noviembre de 2016 | Actualizado el Martes, 22 de Noviembre de 2016

Para los ciudadanos que aportan a los fondos de pensiones se ha convertido en una lucha el poder jubilarse, todo un desafío social, económico y sanitario de incumbencia total de la nación, dada la escasa disposición y los rigurosos requisitos a cumplir. 

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Existen casos en los que la depresión no responde de la mejor manera al tratamiento psicofarmacológico, lo que provoca que la persona sufra trastornos que afectan su desarrollo laboral y social, dando origen a una incapacidad laboral permanente, es decir a una pensión de invalidez por depresión o enfermedad mental. Foto: Paula Vargas. Foto

Las historias de ciudadanos que han tenido que pasar por grandes dificultades para lograr pensionarse o que no lo han logrado, son interminables. Personas como Rosina Calao a quien la vejez o incapacidad la llevaron a vivir una tragedia, con 44 años tras un diagnóstico de incapacidad permanente, desde 2011 ha luchado contra el sistema de pensiones oficial, esperando obtener una mesada por su labor ejercida. No lo ha logrado porque según la Junta Médica de Colpensiones su situación de salud no da mérito para pensionarse.

Otra historia similar es la de Ofelia Campo. En la actualidad esta madre soltera de 50 años lleva a cuestas desde su juventud una enfermedad que le ha incapacitado seguir laborando de una forma adecuada. Con dos hijas esperando ingresar a la universidad e imposibilitadas por la precaria situación económica que su familia padece, Ofelia espera que el gobierno le reconozca su pensión.

Estos testimonios hacen parte de la realidad de muchas personas que en el país cotizan al sistema de salud y pensión, pero que a la hora de hacer efectivo su derecho, se enfrentan a diversos obstáculos. El sistema pensional ha cambiado radicalmente durante los últimos años y la situación que viven estas personas no puede entenderse sin conocer los parámetros legales que supone garantizan a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.

Ley 100 vs colombianos
El cambio más importante efectuado en Colombia para la adquisición de una jubilación deriva de una Ley tramitada durante el gobierno de César Gaviria en 1993. Esta fue ‘bautizada’ como la Ley 100 y ha sido muy cuestionada por la ciudadanía no solo por aumentar la edad para la pensión sino por la exigencia de un mayor número de semanas cotizadas. En lenguaje coloquial “cotizar’’ significa probar un número de semanas trabajadas formalmente.

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Para José Roberto Acosta, profesor de la Universidad del Rosario y columnista de El Espectador, La esclavitud desde sus comienzos hasta la actualidad no ha tenido mayores cambios, esta sigue predominando, solo que ahora son los mismos esclavos quienes se encargan de su comida, salud y educación. Foto: Paula Vargas. Foto

Antes de 1993 para jubilarse por parte del sector público, las mujeres requerían tener 55 años y los hombres 60, además de 500 semanas cotizadas; el dinero que se cotizaba para la pensión era destinado a cajas nacionales, departamentales o municipales, el cual era otorgado  por medio de la Ley 33 de 1985 cuando los requisitos de las personas lo permitían.

Hermes Caballero, asesor especializado en pensiones, opina que es importante que la ciudadanía entienda tres realidades: la primera, que no debería necesitarse de un abogado al presentarse ante Colpensiones, ya que es un derecho lo que exige el ciudadano y no un beneficio o favor. Segundo, que sí es una utopía para los jóvenes de la generación actual y futura llegar a pensionarse, principalmente porque la idea del Estado es que el sistema vaya aumentando sus requisitos y disminuyendo los beneficios que otorga, año tras año.

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Los colombianos que han trabajado y cotizado en otros países y ahora viven en Colombia también pueden aspirar a su pensión, tramitándola desde las embajadas ubicadas en territorio colombiano. Foto: Angélica Padilla Foto

Por último, Caballero asegura que el problema principal para jubilarse en Colombia radica en la informalidad y por tanto, en el entendimiento de que para pensionarse no solo se necesita trabajar, si no cotizar. El trabajo ejercido sin parámetros legales lo considera como un punto crucial para el futuro y bienestar del país, ya que de los 21 millones de personas que en promedio trabajan, solo 7 millones están afiliadas al sistema pensional, pero no llegarán a cumplir con los requisitos más de 2 millones de ellas.

La jubilación en Colombia se realiza por pensión de vejez o indemnización sustitutiva, esta última, realizada luego de los 57 años mujeres y 62 años hombres, a quienes les faltan muchas semanas por cotizar y manifiestan ante el fondo de pensiones que no están en capacidad de seguir cotizando. En ese caso, explica Hermes Caballero, el Seguro Social les devuelve las cifras actualizadas de la cotización que hicieron durante todos sus años. En el sector privado se produce algo parecido, pero se conoce como “devolución de saldo”. Es importante entender que en la parte privada lo que importa es el monto mínimo de dinero ahorrado al momento de solicitar la pensión y no la edad ni otros factores.

La Ley del desgaste
A pesar de que no debería recurrirse a un abogado, existen situaciones en que las personas se ven obligadas a hacerlo. Este es el caso de Ofelia Rico, quien solicitó una pensión por invalidez aplicable en su condición y le fue denegada por parte de Colpensiones. Como consecuencia decidió pagar un abogado para instaurar una demanda en 2016. Esta mujer de 50 años es madre soltera de dos niñas. La educación de sus hijas se ha visto truncada a causa de la condición económica de su madre y el seguir dependiendo de su abuela ya que, por la enfermedad que padece, Ofelia no pudo terminar de estudiar y mucho menos trabajar.

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En 2016 para poder pensionarse en Colombia las mujeres necesitan tener 57 años y los hombres 65 años, y más 1.300 semanas cotizadas. Foto: Paula Vargas. Foto

Cuando tenía 29 años adquirió una enfermedad denominada lupus eritematoso sistémico, que le fue afectando poco a poco su sistema inmunitario. Pero apenas hace cuatro años, después de la crisis más fuerte que vivió, decidió empezar a tramitar su pensión a causa de su deteriorado estado de salud... “que no me había permitido obtener un trabajo digno desde siempre”, comentó con nostalgia.

Colpensiones decidió que no había cotizado 50 semanas antes de haber instaurado la petición, por lo que en diciembre de 2014, con la colaboración de los abogados de la Universidad Manuela Beltrán, envió una carta a Colpensiones en la que solicitaba que revisaran nuevamente su caso, adjuntando todos los comprobantes de pago, las planillas y lo que constaba que sí cumplía con los requisitos, “pero la carta de respuesta, tres meses después, resultó siendo la misma carta que mandaron al denegar la solicitud, con otra fecha’’.

La demanda fue aceptada. En junio de 2016 asistieron a una conciliación en la que se presentó una abogada asignada de Colpensiones, a la que no se llegó a algún acuerdo, pues se le pidió en una siguiente oportunidad presentar toda su historia laboral. “El doctor me dice que esté tranquila, que eso sale a favor mío’’, dijo Ofelia Rico.

En la actualidad, la madre de Ofelia es quien paga el seguro de forma puntual y primordial porque en cualquier momento el lupus puede reactivarse, ocasionando graves recaídas que terminan en la hospitalización. Esta mujer tiene pendiente la aplicación de un medicamento a través de cuatro inyecciones, cada una con un costo de ocho millones de pesos, lo que la tiene sumida en una constante preocupación al no saber de dónde conseguir el dinero.

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Muchas personas de avanzada de edad ven en la construcción y trabajos extenuantes su única opción para subsistir frente a la baja oportunidad laboral que a su edad encuentran. Foto: Paula Vargas. Foto

“En la época esclavista el amo era el encargado de la manutención del esclavo; hoy la esclavitud es la misma, pero nosotros mismos nos encargamos de nuestra comida, salud y educación”, expresó José Roberto Acosta, profesor de la Universidad del Rosario y columnista de El Espectador, durante la audiencia citada por el senador Jorge Enrique Robledo que tuvo por título La OCDE vs el derecho a la pensión en Colombia.

Las víctimas coinciden en que este desafío va más allá de una pensión,  que se trata de lo que subyace tras el proceso que hay que ejecutar para la obtención de este y asegurar un resto de vida digna.

Rosina Calao es un ejemplo alarmante de esta crisis. En el 2011, con solo 44 años, sufrió unas lesiones en su sistema linfático a causa de unas operaciones defectuosas que la llevaron a pasar 240 días incapacitada. La empresa en la que trabajaba la remitió a medicina laboral y a raíz de esto, hizo el reclamo de una pensión por invalidez, que es cubierta por la ARP (Administradoras de Riesgos Profesionales).

A pesar de su dificultad para hacer ciertas actividades, no tener la misma agilidad en los movimientos para caminar, los frecuentes problemas de movilidad sobretodo en su lado derecho del cuerpo y el impedimento para utilizar ropa muy ajustada debido a graves lesiones, su solicitud fue negada. La junta médica de Bogotá determinó que su incapacidad laboral es del 44 por ciento e indicó que su situación de salud no daba mérito a pensionarse, ya que no cumplía con el puntaje requerido, que es cuando la disminución en su capacidad es igual o superior a 66 por ciento.

“Contra todo, contra la dignidad de uno, pero no seguí… sufrí la ley del desgaste”, aseguró Rosina Calao, suspirando y refiriéndose a que, al igual que ella, hay muchas personas desgastando su vida por reclamar una porción de pensión, que ni las personas en estado terminal logran gozar completamente, ya que solo llega a cubrir hasta el 75 por ciento del ingreso base de la liquidación.

Colpensiones responde
Helzue Hernández, jefe de oficina de Colpensiones en Aguachica, afirma que hace falta más inducción y socialización en el tema de la pensión, ya que es uno de los errores más recurrentes al tramitarla. Argumentando que las personas comienzan a revisar su historia laboral solo cuando su juventud culmina, sin tener conciencia de lo que construyen, vida para la vejez, para determinar si hay que hacer correcciones y si los empleadores les están cotizando las semanas completas.

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De las 7.7 millones de personas que cotizan o ahorran activamente en el Sistema General de Pensiones, el 90% se queda en el camino, sin pensionarse. Foto: Angélica Padilla. Foto

El funcionario recalca también que la entidad quiere realizar una socialización sobre todas las prestaciones económicas que tiene el sistema pensional, reconociendo una de sus principales falencias, pero que requiere, de igual manera, del compromiso de los usuarios para mantener una cultura de ahorros.

Hernández expresa su indignación sobre la emisión de conceptos errados sobre las pensiones, sin tener un conocimiento amplio en los campos sociales, económicos y políticos del país, ‘’hasta los mismos expertos de este tema carecen de comprensión macroeconómica para determinar por qué no tenemos un mejor sistema’’.

Después de la reforma del Acto Legislativo 01 del 2005, en la que el gobierno aumentó la edad y las semanas cotizadas para aplicar al sistema público de pensiones, es decir, el que administra el Seguro Social. En 2016 las mujeres necesitan tener 57 años y los hombres 65 años, más 1.300 semanas cotizadas. Estos cambios sucedieron tras la modificación que efectuó la Ley 797 de 2003 promulgada por Álvaro Uribe Vélez.

Los fondos pensionales van adquiriendo cada vez mayor complejidad en los requisitos que piden al momento de reclamarlos, siendo una verdadera preocupación para los colombianos, quienes depositan su confianza en la medida en que les venden la idea sobre una obtención de ‘beneficios’ a corto y largo plazo. Sin embargo, situaciones como las de Rosina Calao y Ofelia Rico, en las que se les ve negada esta oportunidad, son el principal testimonio y motivo de reivindicación frente a la crisis sanitaria del país.

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