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Cambiando destinos

Publicado en Edición 45 | Miércoles 23, de Septiembre de 2015 | Actualizado el Miércoles, 07 de Octubre de 2015

Centro de Proyección Social

[FOTO 1]: Cambiando destinos
Personas en condición de vulnerabilidad o víctimas del desplazamiento reciben capacitación del Centro de Proyección Social de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga para desarrollar microempresa. Foto: Stefany Uribe Cueto Foto

Profesores y estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga trabajan por apoyar las iniciativas empresariales de víctimas del conflicto armado. Esto es posible en el Centro de Proyección Social Benedicto XVI.

Marina Cáceres*, de 52 años, creció entre la escasez y las necesidades de San Rafael, un pueblo entre los municipios de Aguachica y Río de Oro, en el sur del Cesar. Allí vivió durante 30 años la agonía provocada por grupos guerrilleros y paramilitares que se disputaron esta zona. Primero fue la guerrilla quien asesinó a su medio hermano por venderle comida y lavarle la ropa a la policía del pueblo en su humilde restaurante.

Años después fueron los paramilitares en cabeza de Guillermo Cristancho Acosta alias ‘Camilo Morantes’, uno de los jefes del grupo Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar, quienes asesinaron al esposo de su hermana Patricia*. Este mismo grupo mató a Patricia después de que ella se rehusó  a ser la “amante” de ‘Camilo Morantes’. La mujer fue sacada a la fuerza de su casa en horas de la noche y llevada al caladero, una zona marítima de pesca donde fue torturada con agujas y accedida carnalmente por los paramilitares antes de ser asesinada con cinco disparos.

[FOTO 2]: Cambiando destinos
Aunque algunos sueñan con volver al campo, las víctimas o personas en situación de vulnerabilidad tratan de sobrevivir en la ciudad. Foto suministrada Centro de Proyección Social UPB Bucaramanga. Foto

Estas experiencias llevaron a Ángela*, hermana menor de Marina, a sufrir varios ataques de nervios y a terminar siendo internada en el psiquiátrico San Camilo, en Bucaramanga, tras un diagnóstico de depresión. Los médicos no sólo estabilizaron a Ángela sino que avisaron a las autoridades sobre la difícil situación que atravesaba esta familia. Esto hizo que buscaran ser reconocidas por la Ley 1448 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

Esta Ley fue creada en 2011 por el gobierno de Juan Manuel Santos y puesta en marcha en 2012 para reparar a las víctimas que ha dejado el conflicto armado desde el 1 de enero de 1985 en adelante, y restituirles las tierras a quienes tuvieron que abandonarlas o les fueron despojadas a razón de la violencia. Los despojados son reconocidos desde el 1 de enero de 1991. La Ley busca reparar de forma económica a las víctimas y devolverles los predios usurpados.

Al igual que Marina y Ángela, Diana Pérez* logró ser reconocida por la Ley de Víctimas. Hace un par de años ella y sus tres hijos salieron huyendo del corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, después de que paramilitares del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc) dirigidos por  Armando Alberto Pérez Betancourt, un capitán retirado del Ejército más conocido con el alias de ‘Camilo’, los desplazaron.

Pérez hizo parte de las familias expulsadas en 1999 cuando los paramilitares llegaron al corazón de la región del Catatumbo y sin compasión dispararon contra la población. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía documentó que el grupo paramilitar asesinó a varias personas y desapareció a otras en el río Catatumbo. Entre mayo y agosto de ese año mataron a 120 civiles en distintas masacres. Como pudo, Diana se desplazó con sus ahorros y un pequeño bulto de ropa por una balsa río arriba mientras los paramilitares continuaban con su ola de terror.

Desplazada en Arauca, Diana pensó que el miedo había quedado atrás. Pero no fue así, esta vez la guerrilla la desplazó del municipio de Saravena tras la persistencia de los combates, de los ataques con ‘cilindros’, los atentados contra las estaciones de policía y bases militares, y la voladura de infraestructura pública y civil. En medio de esos atentados, su esposo recibió un disparo del cual sobrevivió. Preocupados por la situación, ambos decidieron buscar suerte en Santander.

Una mano amiga
Pero la tragedia terminó para Marina y Ángela Cáceres, y para Diana Pérez. Juntas tocaron a las puertas del Centro de Proyección Social Benedicto XVI, una propuesta de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) Seccional Bucaramanga para apoyar a población vulnerable proveniente de diferentes regiones del país, pero residentes en el municipio de Piedecuesta.

El Centro de Proyección nació en 2006, tiene su sede en la carrera octava de Piedecuesta y es jalonado por estudiantes y docentes de la Universidad, quienes son los encargados de asesorar e impulsar los proyectos de capacitación que permiten a esta población además de sobrevivir, progresar. Así fue como Marina y Diana lograron salir adelante tras la puesta en marcha del proyecto Famiempresarios.

Este proyecto busca que las familias después de recibir capacitación en emprendimientos empresariales logren independencia laboral, estabilidad económica y generen empleo en el municipio. La apuesta cuenta con practicantes y pasantes de la UPB de las carreras de Ingeniería Industrial, Psicología, Derecho y Comunicación Social. “Capacitar estas personas requiere un proceso de acompañamiento e interacción que va midiendo resultados paso a paso”, explica Rodrigo Suárez, ingeniero industrial y coordinador del Centro de Proyección Social.

Para lograr que los proyectos salgan adelante, los emprendimientos no sólo cuentan con el respaldo académico y de asesoría de la Universidad sino con el apoyo económico de la Alcaldía de Piedecuesta y la formación que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Martha Rey, ingeniera industrial y directora del proyecto, explica que con Famiempresarios la apuesta es que estas familias cuentan con preparación técnica y legal parar lograr que sus productos se distribuyan localmente y en varias regiones del país.

Marina Cáceres, por ejemplo, creó una microempresa que distribuye arepas en las panaderías, establecimientos y micromercados de Bucaramanga y su área metropolitana, así como en Bogotá, Riohacha, Montería y Villavicencio. Esto es posible gracias al trabajo que realiza junto a su hermana Ángela y tres empleados más.

 “Mi vida era muy difícil, sufría para conseguir lo de la comida y para conseguir un trabajo. Gracias al Centro de Proyección Social las cosas cambiaron. Ahora vivo de mi negocio, pago mis gastos y le pago a los que trabajan conmigo”, dice Marina Cáceres. Por su parte, Diana Pérez es la líder de una empresa de confecciones de uniformes en la que trabajan su esposo, hija y una empleada más, ya con pedidos en Piedecuesta, Bucaramanga y Arauca.

Como Marina y Diana otras 200 personas, una gran parte de ellas víctimas del conflicto o que han tenido que hacerle frente a la situación de pobreza en algunas regiones del país, desarrollan su propia microempresa de la mano de la academia.

*Nombres cambiados por protección de las mujeres, víctimas de la violencia.

 

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