Historias que no contamos

El desplazamiento en Santander
Publicado en Edición 40 | Martes 26, de Agosto de 2014 | Actualizado el Jueves, 02 de Octubre de 2014

Aunque las cifras oficiales señalan que el desplazamiento disminuyó en Santander, este persiste. Plataforma narra las historias de personas que sufren este flagelo.

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Según datos oficiales, 128 mil personas han sido desplazadas en Santander a causa del conflicto armado entre 1985 a la fecha. Foto dramatizada: José Luis Avellaneda. Foto

Estaba en la casa preparando comida cuando a las dos de la tarde tocaron a la puerta y unos hombres armados me obligaron a prepararles comida”, dice Gloria Vargas*, una mujer de 42 años que fue desplazada en 2005 por paramilitares que hacían presencia en Puerto Wilches, un municipio al noroccidente de Santander sobre la ribera del río Magdalena. Desde hace nueve años, Vargas vive en un asentamiento del área metropolitana de Bucaramanga.

Vargas hace parte de las 128 mil personas que desde 1985 a la fecha han sido expulsadas por el conflicto armado provenientes de los 87 municipios que conforman el departamento. Aunque el desplazamiento se ha reducido en la región durante los últimos tres años, según datos de la Unidad Nacional de Víctimas, todavía cada año por lo menos mil 500 personas siguen siendo desterradas de sus lugares de origen (ver tabla 1).

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Tabla 1 - Fuente: Unidad Nacional de Víctimas Foto

En Santander, el desplazamiento ha sido producto de la presencia de distintos actores armados ilegales. En la década de los 80, primero fue la guerrilla con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Ejército de Liberación Popular (Epl) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). A finales de los 90 llegaron los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y durante la más reciente década lo han hecho las llamadas bandas criminales, que según las autoridades locales han hecho presencia con los nombres de ‘águilas negras’, ‘paisas’, ‘rastrojos’ y ‘urabeños’.

Patricia Ferreira*, por ejemplo, fue víctima de la guerrilla en 1998. Un día cuando estaba dándole tetero a su nieta recibió una llamada amenazante. “¿Usted es la mamá de esos ‘patiamarrados’? … tiene 72 horas para que desocupe. Si no, dígale al señor de la funeraria que aliste dos cajones porque los va a necesitar”, le dijo una mujer que se identificó como jefe de la guerrilla en el municipio de Rionegro. Con la palabra ‘patiamarrados’ se referían a sus hijos quienes en ese momento estaban prestando el servicio militar en el Ejército. Por miedo, Ferreira no tuvo otra opción que empacar lo que pudo en una pequeña maleta y huir.

Las cifras de la Unidad de Víctimas dan cuenta de los períodos más críticos del desplazamiento en la región. En 1999, el número de personas expulsadas en el departamento fue de 3 mil 600, pero durante los siguientes dos años estos datos se multiplicaron: en 2000 los santandereanos expulsados fueron 10 mil y en 2001 fueron 17 mil. Esta cifra coincide con la llegada y presencia de los paramilitares a la zona, según ha documentado la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

Gloria Vargas no olvida el horror de esa guerra. Cuando los paramilitares llegaron a su casa en Puerto Wilches amenazaron con agredir sexualmente a sus hijas. “Llorando les supliqué que no las tocaran”, recuerda. Pero eso no sucedió. Los paramilitares abusaron de sus dos niñas y de ella, quien resultó embarazada. Hoy recibe tratamiento psicológico y busca apoyo del gobierno para poder sostener a su familia y salir de su estado de pobreza.

Cuando la población suponía que el desplazamiento disminuiría con la desmovilización de las Auc, las cifras ponen en evidencia que después del ‘desarme’ del Bloque Central Bolívar en enero de 2006, el desplazamiento aumentó nuevamente de 9 mil en el 2006 a 11 mil en el 2007. En el territorio además, hace aún presencia la guerrilla, principalmente Farc, que no ha llegado a un acuerdo de paz con el gobierno.

Pero el conflicto armado continúa en todo el país. La Unidad de Víctimas advierte que entre 1985 y marzo de 2014 a Santander han llegado 193 mil personas desplazadas provenientes de diferentes regiones del país. Es el caso de Ramiro Manrique*, un líder social que salió despavorido de Montes de María, una región comprendida entre los departamentos de Sucre y Bolívar, después de que a finales de los años 90 fue amenazado de muerte.

Un futuro incierto

Aunque las instituciones oficiales aseguran que el desplazamiento es un flagelo que ha disminuido ostensiblemente en el departamento, la Personería de Bucaramanga asegura que a diario reciben declaraciones de víctimas provenientes de otros municipios y de otras regiones. Según los datos históricos del antiguo Registro Único de Población Desplazada, Rupd, los pueblos de donde provienen más víctimas son Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, Bucaramanga, Rionegro y Cimitarra (ver tabla 2).

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Tabla 2 - Fuente: Antiguo Registro Único de Población Desplazada, Rupd Foto

Desde enero de 2012, cuando en Colombia entró en vigencia la Ley 1448 o Ley de Víctimas, que promete reparar a las personas que sufrieron por el conflicto armado,  en Santander 192 mil personas se han declarado como víctimas del desplazamiento ante la Unidad de Víctimas. Esta entidad ha destinado 34 mil millones de pesos en los últimos tres años para brindar atención humanitaria, es decir, todas las medidas de emergencia básicas como el suministro de alimentos, alojamiento y acceso a servicios de salud.

Pese a los apoyos que brinda el gobierno, las víctimas de desplazamiento aseguran que todavía no han podido progresar, pues todavía viven en asentamientos donde la pobreza es alta. Son los casos de Gloria Vargas, Patricia Ferreira y Ramiro Manrique. “Durante estos años recibí ayudas económicas. La primera fue de un millón de pesos para poder montar un negocio. Me compré un carro de perros y así me mantenía. Pero me dio un cáncer y ahora, por mi edad, es muy difícil seguir trabajando”, dice Ferreira, quien estando desplazada sufrió el asesinato de su hijo en Rionegro, señalado de ser un presunto informante de las fuerzas militares.

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Gran parte de las víctimas del desplazamiento viven en asentamientos o barrios muy vulnerables expuestos a otra violencia, la intraurbana generada por la delincuencia. Foto dramatizada: José Luis Avellaneda Foto

Vargas asegura que vive de la caridad de la gente. “Sobrevivo con trabajos manuales. Tengo una máquina con la que arreglo ropa”, dice. Y Ramiro explica que lidera una organización que lucha por los derechos humanos y la protección de desplazados, y que ha salido adelante con una tienda de barrio en el área metropolitana.

El tema de desplazados parece ser un tema olvidado en la región. Pero los datos y sobre todo los testimonios de las víctimas dan cuenta que es un flagelo que afecta cada año a por lo menos mil santandereanos y del que todavía centenares de familias están tratando de salir. Según datos del gobierno, a mayo de 2013 por lo menos mil 400 personas solicitaron la restitución de sus tierras porque tuvieron que abandonarlas o les fueron despojadas durante el conflicto. En cantidad, el desplazamiento causado por el conflicto en la región provocó el abandono de 79 mil hectáreas que hoy son reclamadas.  

*Nombres cambiados por seguridad de las víctimas

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